Aprender a través del juego, la propuesta de Abremate

Debates sin cepos

"Nadie combate la libertad; a lo sumo combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de todos"

Karl Marx

Desde el 10 de Octubre de 2009, comenzó a tener vigencia la Ley de Radiodifusión de Servicios Audiovisuales en el marco de la presidencia de Cristina Fernández. Pero la misma, tiene un recorrido histórico que se inicia en 2004, cuando la Coalición por una Radiodifusición Democrática (grupo integrado por sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, organismos de derechos humanos y demás sectores relegados de su derecho del libre acceso a la información) presentaron 21 puntos básicos para modificar la ley existente confeccionada en la última dictadura militar y reforzada como sistema comercial, durante el menemismo.

“El principio de libertad y pluralismo es fundamental. La ley argentina es realmente muy importante. Es un modelo para el continente y otras regiones del mundo” sostuvo Frank La Rue, el relator para la libertad de expresión de las naciones Unidas en su paso por la Argentina. Pero sus opiniones poco fueron difundidas por los actuales 4 medios de la información, situados en el centro de Bs.As constituyen de manera adquirida por los años, la verdad informativa. Este poder instituido, lejos está de garantizar la libertad de expresión que se ve afectada por la presencia de una concentración de miradas, donde según su juicio estético y sus intereses, la sociedad califica. El diseño de sus productos comunicacionales precisa del monólogo, tanto para imponer el monopolio de sus productos industriales como para fortalecer los hábitos de lectura e interpretación de la realidad que relacionen sus frustraciones con conflictos sociales.

Por el contrario, la ley de medios audiovisuales es hija de la reflexión crítica y sus actuales desafíos que involucran a tres tipos de prestadores: de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro. En particular, se destaca la incorporación de nuevos actores al servicio de comunicación audiovisual, los pueblos originarios, las universidades nacionales y los institutos universitarios, los cuales tienen el derecho de ser propietarios de licencias, que los habilitan através de un concurso público a explotar un servicio. Respetando los 10 años de validez de las licencias , pudiendo aumentar 10 años más por audiencia pública.

 La distribución de la palabra y los bienes culturales respaldan las acciones del poder popular. Para que todos los sectores de la sociedad se vean representados, se reserva para cada Estado Provincial una frecuencia AM, una FM y de televisión abierta. También se fijarán topes a la cantidad y tipo de licencias de los medios, por ejemplo de tv por cable. Además de la inclusión de subtitulado oculto, lenguaje de señas y audio descripción, para que mayor cantidad de personas puedan acceder a los contenidos antes de acceso privado, como era el caso de la transmisión de eventos deportivos.
 Esta ley coloca a la comunicación como política de Estado y tiene premisas económicas, sociales y culturales, ya que busca generar nuevos puestos de trabajo como consecuencia del porcentaje de producción local que está previsto emitir, además de constituir un nuevo reflejo de realidades propias, en lugar de comprar cultura importada. Tanto sea como un treinta porciento de música de origen nacional, como la obligación de emitir ocho películas argentinas por año.

Vivimos una oportunidad histórica que demanda el ajuste más refinado de la percepción, una planificación sensible –dónde, cómo y cuándo se participa– y un cumplimiento de la ley que está a cargo del AFSCA y la conciencia de que los debates no ponen en riesgo al proyecto, pero desarman mentiras, revelan intereses y exigen estudiar argumentos, profesionalizando, en el mejor sentido y en mejor calidad, la comunicación. A partir de la pluralidad de voces y miradas, estos nuevos debates permiten el desarrollo de la comunidad, partiendo siempre desde el punto que en el conflicto se garantiza el ejercicio de la democracia, el respeto por los derechos humanos y convierte a los medios en el centro de discusión sobre  temáticas públicas.